La ambivalencia ambiental de las Farc

Por ser casa del conflicto, algunas áreas y especies protegidas han escapado a los efectos de la colonización. ¿Es este un acto deliberado de las Farc o un efecto fortuito de la guerra?

 

Por estos días decir que las Farc han logrado conservar indirectamente los ecosistemas de mayor riqueza natural suena a cinismo. Peor sería afirmar que con su presencia histórica en áreas protegidas han evitado la colonización y contribuido a que estas zonas permanezcan libres de daño. Sin embargo, hay algo de cierto en ese argumento. Si bien la guerrilla no ha adelantado una política ambiental unificada y exclusivamente mediada por el altruismo, tampoco ha dejado la regulación del medio ambiente por fuera de su agenda.

 

Algunos expertos en el tema se han atrevido a decirlo. Frédéric Massé, profesor de la Universidad Externado, le dijo en una ocasión a SEMANA que aunque suene cínico, la guerra ha permitido que muchos ecosistemas permanezcan intactos. Recientemente, el portal Pacifista.co encontró que en ocasiones los actores armados funcionan como una especie de guardabosques; tanto así que documentó la historia de un biólogo norteamericano que bautizó a una especie de sapo hallado en la zona rural de Albán (Cundinamarca)- marcada por la lucha entre guerrilla y paramilitares- con el apelativo 'farci' para ratificar la faceta indirectamente conservacionista de las Farc. No obstante, si en algo coinciden sus posturas es en que la política ambientalista del grupo guerrillero pertenece a un doble discurso donde se conserva y daña el medio ambiente en función de tres intereses: ocultarse, financiarse y moverse.

 

En el río Meta la guerrilla impone fuertes castigos contra los pescadores que vacían los nidos de las tortugas. Hay casos donde los infractores han tenido que comerse crudos todos los huevos robados (los nidos de tortuga charapa pueden tener entre 50 y 120 huevos), y para los reincidentes en muchas ocasiones el castigo ha sido fatal: los envuelven en una atarraya y los lanzan a los pozos del río.

Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt tiene una explicación clara de por qué la regulación ambiental es un tema nada indiferente para la guerrilla: “El manejo ambiental es un acto de gobierno deliberado y proveniente de una institucionalidad, legal o ilegal, por lo que en las áreas de presencia histórica de las Farc, el grupo guerrillero ejerce también como autoridad ambiental, tomando decisiones explícitas en materia de conservación.” Esto sucede desde hace años en la región del río Duda (Meta) y en varias zonas del Guaviare. Según Baptiste, durante la década de los setenta el ejercicio de gobierno de esta guerrilla fue tan contundente que la expedición de normas para limitar la cacería, la pesca y la deforestación garantizó el manejo medianamente equilibrado de los recursos del que gozan hoy sus pobladores.

En los ríos de la serranía de la Macarena se da una variedad de bagre muy apetecida conocida como Amarillo. Según campesinos de la región en una ocasión los guerrilleros dedicaron días enteros a encontrar la mayor cantidad de amarillos posible para celebrar el cumpleaños del Mono Jojoy porque el sancocho de amarillo era uno de sus platillos favoritos. Para satisfacer los antojos del cabecilla lanzaron granadas al ríos y levantaron la prohibición de redes de orilla a orilla (prácticas que generalmente vetan).

El Putumayo es una de las regiones que ilustra esta situación. Según Carolina Gil, experta en conservación, mientras que en la zona rural de Orito -un santuario de flora y fauna ubicado en el bajo Putumayo- los grupos armados han causado efectos devastadores en el ecosistema con la voladura  de oleoductos, la tala indiscriminada del bosque para el cultivo de coca y la posterior utilización de esos terrenos para la ganadería extensiva,  en el parque La Paya, más al sur, se han visto casos donde las Farc ejercen control ambiental. Allí la guerrilla tiene reglamentos con los que regula la tala y la caza de carne de monte al interior de las comunidades, y entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo, sobre el margen del río La Paya, existe una zona en la que su presencia ha funcionado como talanquera para la deforestación por la gran cantidad de minas que hay.

 

Este es solo un ejemplo de lo ambivalente que resulta la postura de las Farc, y la magnitud de su presencia en áreas protegidas preocupa todavía más. En Colombia, 37 de los 59 parques nacionales naturales que hay albergan actores armados en sus ecosistemas, 27 tienen minas, y en 17 hay porciones de las 5.477 hectáreas de cultivos ilícitos allí sembradas.

 

Según Parques Naturales, “la presencia de estos grupos no es está en pro de la conservación; al contrario, lo que se ha podido detectar es que cada vez más explotan los recursos prohibidos porque son actividades que les dan rentabilidad.”  La simple presencia de campamentos guerrilleros genera un impacto gravísimo. Para construir estos asentamientos debe talarse una porción significativa de bosque o selva y el manejo de los desechos ocasiona una contaminación peor. Las aguas servidas no se tratan y acaban en la tierra o en los ríos.

En esa misma región, hace unos años, cuando había subienda, la guerrilla prohibía la pesca porque los peces se movilizaban río arriba para desovar: así procuraban preservar la especie. Las comunidades recuerdan con asombro que a los cuatro años de haber sido impuesta la veda “el río bramaba de la cantidad de pescado que iba subiendo”.

Rodrigo Botero, consultor ambiental, coincide con esta visión: “Todo grupo armado tiene una población social sobre la que se mueve y sobre la que es importante mantener un alto nivel de legitimidad como autoridad máxima, entonces regular conflictos por manejo de recursos naturales entra en la lista de tareas. Es un resultado directo del desplazamiento del ejercicio de autoridad por parte del Estado.” De ahí a considerarlos altruistas hay un largo camino si se piensa que gran parte del accionar de estos grupos está mediado por intereses económicos y militares como cuando declaran fronteras de colonización para mantener libres de fuerza pública sus corredores de movilidad, tramos por los que no solo transitan las tropas, los suministros y los secuestrados, sino la coca procesada y los minerales que extraen ilegalmente.

 

Los retenes en los ríos, o en las trochas, para verificar el número de animales cazados por los campesinos son frecuentes en áreas protegidas con presencia guerrillera. Es tal la paradoja que en algunas ocasiones le exigen el salvoconducto de las escopetas a sus dueños.

Las Farc son, en palabras de Botero, “el universo más federalizado que existe en el planeta” y más en la actual coyuntura, por lo que su ambivalencia ambiental podría estar relacionada a las diferencias ideológicas que distinguen a un frente de otro. De lo contrario, sería difícil explicar que en el bajo Putumayo la voladura de oleoductos sea el pan de cada día, que más hacia el centro, entre La Macarena y el Caguán haya una discusión activa frente al ordenamiento de la propiedad donde confluyen medidas de preservación y otras arrasadoras como la deforestación masiva para ganadería extensiva, y que alrededor del parque natural Chiribiquete, en el eje del río Caguán, exista una frontera de colonización impuesta desde hace años por ellos.

 

Al menos, bajo una mirada moderadamente optimista, sus múltiples aproximaciones al ambiente alimentan la esperanza de conseguir acuerdos al respecto en La Habana.

Generalmente la pesca accidental de alguna especie que esté incluida en las vedas de la guerrilla debe ser reportada al frente que controle la zona. La carne del animal debe ser consumida por el infractor y su familia, no comercializada. Si lo hace éste puede ser sancionado económicamente o con penas ejemplarizantes: el decomiso del motor de la canoa, que es un objeto de lujo para los pobladores de esas zonas.

¿Y en el posconflicto?

 

En caso de que la institucionalidad paralela de las Farc en las zonas ambientalmente sensibles deje de existir, el panorama sería complejo. Probablemente habrá áreas en donde la depredación de los recursos por parte de los pobladores se desbocará, y considerando que en su mayoría estas son zonas que carecen de corporaciones regionales con capacidad presupuestal y física para palear la situación, el fortalecimiento de la autoridad ambiental legítima resultaría urgente. Sin embargo, los expertos señalan que el remplazo de un poder bizarro que la ejerce de manera brutal por un Estado legítimo que llega con muchos vacíos de por medio tardaría como mínimo una década.

PARQUES NATURALES

VIDEOCOLUMNA

DAÑO EN SILENCIO

Rodrigo Botero, experto en medio ambiente y conflicto, analiza otra gran afectación que las Farc hacen al medio ambiente: los asentamientos humanos.

Un aspecto coyuntural y poco visible son los procesos de colonización y de intervención dirigida que las Farc tienen en diferentes territorios, muchos de ellos áreas protegidas, que incluyen el desarrollo de asentamientos humanos. Con base en su política de reforma agraria hacen arreglos de organización de la propiedad y la producción, y distribuyen tierra bajo sus parámetros, desconociendo los parámetros medioambientales que ha impuesto el Estado de derecho. El asunto no termina ahí. Cuando uno entrega tierras debe estar en la capacidad de garantizar el efectivo acceso de la gente a los servicios públicos para que su asentamiento no genere impactos nocivos en los ecosistemas. Ahí están los grandes conflictos entre lo que es la interpretación de un Estado social de derecho como el colombiano, que determina unas zonas como áreas de importancia ambiental, y otras que, bajo los criterios de las Farc, son ideales para generar asentamientos humanos. Un proceso de colonización armada, por así decirlo, puede tener impactos muy fuertes y a largo plazo sobre el tema ambiental. Y si a eso se le suma que ubicando los desarrollos poblacionales en zonas marginadas los habitantes solo pueden subsistir a través de economías ilícitas controladas por los actores armados y sumamente nocivos para los ecosistemas, la gravedad del asunto aumenta.

Editor: José Ángel Báez

Equipo periodístico: Laura Campos Encinales, Carolina Gutiérrez, María Fernanda Lizcano. Edición y montaje web: César Alberto Moreno Vargas

Videos: Alex Guerrero, Andrés Barajas, Pablo Monsalve.

Agradecimientos: Juan Millán, Instituto Humboldt, Parques Naturales Nacionales, Brigada Especial contra el Narcotráfico, Corantioquia, Corponor.