Sobre las vertientes orientales de la Cordillera Central se levantan los municipios de Segovia y Remedios. Dos poblaciones en las que la riqueza de su subsuelo contrasta con las calles polvorientas de su suelo, inundadas por decenas de motocicletas, un artículo que parece de primera necesidad para los mineros que prefieren invertir su capital en estas que en mejorar sus casas, la mayoría en obra gris y ubicadas en terrenos inestables.

 

La paradoja define esta zona. Segovianos y remedianos se preocuparon más por construir los túneles que los llevan hasta las vetas doradas que por darle un techo a sus familias. Así, mientras por un lado se ven las entradas a los socavones, aseguradas con la madera más resistente que pudieron encontrar, por el otro, en las pendientes, se observan las casas, muchas sostenidas por columnas agrietadas de cemento o de madera para darles estabilidad.

 

Aún no se tiene certeza cuándo comenzó la explotación minera en este lugar. La historia dice que a mediados del siglo XIX un grupo inglés aprovechó el tratado de 1825, con el que el entonces presidente Francisco de Paula Santander, otorgó varios títulos mineros a perpetuidad. De estas licencias de explotación, sin fecha de vencimiento, comenzó a hacer uso desde 1862, la Frontino Gold Mines, compañía norteamericana que por décadas estuvo explotando alrededor de 3.000 hectáreas entre Segovia y Remedios. Herencia que hoy en día administra la multinacional Gran Colombia Gold.

 

Siglos de extracción que no han contribuido a un desarrollo real de esta subregión, donde el alrededor del 38 por ciento de su población vive en pobreza y 45 por ciento en miseria.

 

A la fecha, 36 minas de veta o socavón trabajan con contrato de operación con Gran Colombia Gold en Segovia y Remedios

La 15. 9:30 a.m.

 

Alberto trabajó durante más de una década en la Frontino Gold Mines y un accidente laboral lo alejó de la empresa, pero no de su trabajo como minero. Hoy día espera una pensión de invalidez y es uno de los miembros la sociedad La 15, una unidad productiva minera (UPM) que pretende legalizarse y formalizarse.

 

Según el Censo Minero de 2010, para ese año, en toda Antioquia alrededor de 1.500 UPM operaban bajo la ilegalidad y la informalidad, es decir casi un 80 por ciento. No sólo se trata de esta región. La estadística nacional preocupa, pues de las 14.000 UPM censadas en 23 departamentos, 63 por ciento trabajan sin título minero o sin amparo del mismo. En 10 de ellos la ilegalidad alcanza, y supera, el 80 por ciento.

 

La 15 hace parte de una nueva cifra, todas aquellas pequeñas y medianas minas que quieren legalizarse. Bioredd+, el programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se ha convertido en un facilitador. “Con la normatividad actual, identificamos las modalidades con las que se podía legalizar una explotación minera. La primera correspondía a saber si el área donde estaban operando estaba libre de titulación. El barrido en el Nordeste y Bajo Cauca nos mostró que había unas 12 o 13 minas en áreas libres que eran susceptibles de titular”, explicó Oseas García, coordinador regional de Bioredd+ en Antioquia.

 

Este no era el caso de La 15, ellos estaban “sacando mina” en una zona que pertenece a Gran Colombia Gold. La forma, entonces, es a través de subcontratos de operación. Esto se había empleado en el pasado, pero ahora cobra vigencia y es reconocido y aceptado por el Gobierno Nacional a partir del programa de formalización de la minería tradicional reglamentado por la Ley 1320 de 2010 y el Decreto 933 de 2013.

 

“Estamos trabajando desde el 1 de enero de 2012 y nos faltan entre 8 o 10 metros para llegar a la veta. El material va para la empresa. Es viable económicamente para nosotros. Antes trabajábamos empíricamente, pero ahora las cosas han cambiado y hay que trabajar según la Ley”, afirma Rodríguez. La contraprestación económica favorece a las partes, pero quizá el mayor logro es que los mineros se formalicen, es decir, se comprometan a cumplir con todas las obligaciones de seguridad industrial, pago de regalías y seguridad social, lo que garantiza un desarrollo socio económico en la región y minimiza el daño ambiental.

 

A la fecha, 36 minas de veta o socavón trabajan con contrato de operación con Gran Colombia Gold en Segovia y Remedios, otras 40 siguen en estudio por parte de la empresa, según datos de Bioredd+. Con las que ya operan bajo esta figura se ha logrado disminuir entre 8 y 10 toneladas de mercurio utilizado al año.

 

La Valencia II hace parte de las minas que ya han logrado legalizarse y formalizarse.

La Valencia II. 12:00 p.m.

El reloj marca el medio día y el sol resplandece en lo más alto del cielo de la vereda Otún en Remedios, Antioquia. Sin embargo, Felipe, German y otros siete mineros no pueden notarlo, llevan por lo menos cinco horas 200 metros bajo tierra, sacando “mina” o material enriquecido con oro. Allá abajo la temperatura es mucho más alta que en la superficie; de no ser por la ‘búfala’ como le llaman al tubo que permite que circule el oxígeno sería imposible respirar.

 

La Valencia II hace parte de las minas que ya han logrado legalizarse y formalizarse. Tienen su título y ya funcionan como empresa, cuentan con registro en cámara de comercio y sus 15 empleados tienen prestaciones sociales y seguridad industrial y ya no utilizan mercurio en sus procesos.

 

“Cuando entró a la mina, hago una perforación y veo valor en ésta, siento mucha emoción, no sólo por mí, sino por los dueños, porque yo sé que ellos van a meterle más y vamos tener más trabajo”, dice Germán Mosquera completamente emocionado y esbozando una sonrisa que deja ver su diente de platino o conquistador, como él mismo lo llama.

 

"Por la violencia me metí en la minería"

Entable La Palma. El eslabón zángano. 3:30 p.m.

El proceso de explotación de oro no solo se queda en los huecos que con pica, pala o explosivos han hecho miles de hombres a la tierra. Luego de que como topos entran a los socavones y sacan los bultos de “mina” o material enriquecido, bien sea al hombro o en vagones, estos son llevados a los cascos urbanos para seguir con la cadena de producción en los entables.

 

Durante décadas, fueron los catangueros los encargados de llegar hasta la veta y sobre sus hombros sacar sacos que llegaban a pesar hasta 90 kilos, para luego en mula, o sobre sus espaldas, llevarlos al pueblo.

 

Los entables no son otra cosa que grandes bodegas, donde los mineros amalgaman el material para obtener el oro, tal y como lo conocemos: en lingote o en pepa, dorados como el sol. Aquí, el mercurio es el protagonista, pues es el elemento principal para la aleación.

 

En el entable se alquilan los cocos o molinos, unos pequeños barriles de madera,  donde se pone el material mezclado con el azogue (mercurio) y agua con limón. La medida corresponde a 57 gramos de mercurio y un balde de zumo de limón por coco (se necesitan siete gramos de mercurio para recuperar uno de oro. El entable se queda con las colas o el lodo restante de una molienda, por una razón lógica, “entre más tiempo esté en los cocos más atrapa, por eso la mina se muele hasta cuatro veces”, afirma Oscar López, un hombre de 36 años que lleva 22 dedicado a la minería. El año pasado le encontraron mercurio en la orina y en la sangre. Seguramente no es al único, pues en Segovia el azogue ha traspasado el oro y ha llegado hasta los pulmones de sus habitantes.

 

El vapor de mercurio inunda las calles en una concentración tóxica que oscila entre los 192 y 679 microgramos μ por metro cúbico de aire, cuando el máximo permitido es de 0,025 μ. Un estudio hecho en 2005 para, el entonces, Ingeominas, mostraba que el metal está produciendo en los habitantes síntomas como temblor en los labios e indicativos de posibles daños neurológicos. Otros han encontrado una alta incidencia de enfermedades renales.

 

El problema social, ambiental y de salud pública en la zona es preocupante. Son siglos dedicados a una actividad que aunque es reconocida como artesanal y tradicional trae consecuencias, por la falta de seguridad. Por esto, el proceso de formalización, también ha llegado a los entables. En 2012, en Segovia había 82 y en Remedios 25. A partir del año pasado, alrededor de 30 entre los dos municipios están utilizando extractores para atrapar el azogue, reactivarlo y reutilizarlo. Según una investigación realizada por el Proyecto Global de Mercurio GMP-2 de la ONUDI, en 2011 se lograron recuperar tres toneladas de mercurio.

 

La Ley 1658 de 2013, o Ley del Mercurio, da cinco años para la reconversión tecnológica a plantas de beneficio sin mercurio y su reubicación a zonas industriales definidas por el plan de ordenamiento territorial POT de los municipios. El reto está planteado y va más allá de eliminar el azogue del proceso: es recuperar el tejido social y darle a las nuevas generaciones alternativas y herramientas diferentes a la minería.

 

Así mismo, como lo manifiesta Miguel Molano, coordinador del componente formalización de la pequeña minería Bioredd/Usaid, mejorar el desempeño ambiental de la pequeña minería requiere profundizar el proceso de legalización y formalización. Legalizar y asegurar jurídicamente las explotaciones va a permitir planear a largo plazo y el cerrar adecuadamente el ciclo minero.

 

 

 

Se necesitan siete  gramos de mercurio para recuperar uno de oro.

14.000 Unidades de producción minera (UPM) operan en Colombia.

Hotel Puerta del Sol, Segovia. 9 p.m.

Mientras el día termina, las contradicciones continúan en toda Colombia alrededor de la locomotora minera. Una apuesta extractivista que se aleja cada vez más de un verdadero desarrollo sostenible que garantice un medioambiente sano y una sociedad segura.

 

Diseño y montaje web:  César Alberto Moreno V. (Editor Web de Semana Sostenible) [01 - 12 - 2014]