Por Antonio Paz - Periodista de SEMANA

Solo dos horas de trayecto por tierra separan a Montería de Ayapel (Córdoba). En este último municipio se encuentra una enorme ciénaga que lleva su mismo nombre y hace parte de un gran número de humedales y zonas inundables que componen la Depresión Momposina. Esta es vital para el país ya que regula los niveles de las fuentes de agua, sus ciénagas funcionan como grandes retenedores del líquido en épocas de intensas lluvias y, además, albergan una gran cantidad de especies vegetales y animales.

 

Sin embargo, al sobrevolar la zona se nota claramente que el agua, lejos de estar cristalina, parece un gran pantanal y cómo con dificultad se ve el recorrido de las quebradas y caños que desembocan en la ciénaga de Ayapel. Alrededor de las quebradas ya no hay vegetación, solo erosión y las huellas dejadas por las retroexcavadoras que se utilizan para sacar oro, el cual según los pobladores de Ayapel, es el más puro de Colombia y el que se vende a mejor precio.

 

Alrededor de los dos kilómetros de longitud que tienen las quebradas Quebradona y Escobillas, el paisaje es desértico y de cuando en cuando se alcanzan a percibir las dragas y retroexcavadoras que trabajan, mientras que otras permanecen ocultas en medio de los árboles o bajo grandes carpas plásticas. Y no es para menos, los mineros en Ayapel saben que si la Policía los ve trabajando, podría quemar y destruir sus maquinarias.

 

Según datos de la Agencia Nacional de Minería, al 24 de octubre de 2014 solo existía un título minero en Ayapel, el cual ni siquiera se encontraba en etapa de explotación. Es decir, toda la minería en este municipio del suroriente de Córdoba es ilegal y en el peor de los casos ejercida por las bandas criminales (bacrim) que pululan en el departamento. Como consecuencia de una explotación minera sin control, el daño ambiental está a la orden del día.

 

Aunque la explotación de oro en Ayapel no es nueva, 2010 se convirtió en un año decisivo para la minería en la región. La ola invernal que vivió el país ese año provocó que el río Cauca se desbordara en cuatro puntos: Nuevo Mundo y Pedro Ignacio, antes de la desembocadura del río Nechí y Santa Anita y Caregato, después de la misma. Por cada chorro entraban entre 1.200 y 1.600 metros cúbicos de agua por segundo que iban a parar a la Ciénaga de Ayapel, lo que causó que durante más de 3 años, casi 50 por ciento del municipio estuviera inundado y que gran parte del Cauca se desviara de su recorrido.

 

Las obras de contención fueron difíciles y solo en mayo de este año lograron cerrar Nuevo Mundo, el último de los chorros. Estos trabajos le costaron al país cerca de 90.000 millones de pesos y su demora se debió, entre otras razones, a que manos criminales deseaban que el Cauca siguiera fuera de su cauce para acortar las distancias de las rutas de narcotráfico hacia Urabá.

 

Como si esto fuera poco, la Ciénaga de Ayapel no solo recibía las aguas de río Cauca sino también todos sus sedimentos y las sustancias tóxicas que el río Nechí traía desde Antioquia, donde también se explota el oro, legal e ilegalmente. Esto sumado a los sedimentos que venían de las quebradas Quebradona y Escobillas, trajeron consigo una bomba de tiempo: el mercurio.

 

El mercurio se usa para separar el oro de otros elementos y el problema radica en que es casi una rutina que los mineros lo viertan sin control en los suelos y las fuentes de agua después de haberlo utilizado. Por ser un elemento pesado, desciende en la ciénaga, pasa desapercibido y aunque es tóxico, sus efectos se evidencian con el paso del tiempo.

 

En Ayapel muchos creen que no pasa nada, pero Fabio Vélez, ingeniero sanitario e investigador del grupo Geolimna de la Universidad de Antioquia le dijo a Semana Sostenible que mientras realizaban estudios sobre la biodiversidad en la ciénaga encontraron rastros de mercurio en el agua, flora y fauna. “Los niveles son bajos, pero el solo hecho de que haya presencia de mercurio debe encender todas las alarmas”, afirma. Por otra parte, y aunque aún no se ha hecho público, un estudio de la Universidad de Córdoba en coordinación con el Programa de Apoyo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela con detalle la presencia de mercurio en Ayapel, lo que comprueba que lo dicho por la Universidad de Antioquia es una realidad.

 

Los labriegos y pescadores en la ciénaga saben poco sobre el mercurio y la contaminación. Sin embargo, Wilder Arroyo, agricultor en la vereda Boca de Pinto, a una hora y media en lancha desde el casco urbano del municipio, resume el asunto en pocas palabras: “Los pescadores estaban felices porque el desborde del río Cauca trajo muchos peces, sin embargo, también aumentó la minería y causó que toda la tierra proveniente de esos trabajos se fueran al fondo, le quitará profundidad a la ciénaga y lo que, al final, disminuirá la producción de pescado. Es probable que los animales se enfermen porque el agua está sucia”.

 

Según el último informe del grupo Geolimna de la Universidad de Antioquia, esto es grave si se tiene en cuenta que la ciénaga acoge 31 especies de mamíferos; 46 de peces; 55 de macroinvertebrados acuáticos; 19 de plantas acuáticas, 53 de anfibios y reptiles, y 194 especies de aves, 16 de las cuales son migratorias. Además de otros cientos de microorganismos.

 

El escenario ya es preocupante y lo peor es que los temas ambientales y de salud no son los únicos. La minería ilegal y criminal tiene un trasfondo social y económico que aún hoy es difícil de dimensionar.

 

Muchas compraventas  cuentan con herramientas que permiten  fundir y separar los residuos de mercurio del oro.

Ayapel no solo recibía las aguas de río Cauca, sino todos los sedimentos que el río Nechí traía desde Antioquia.

No todo ilegal es criminal

Llegar a una mina en Ayapel no es fácil. Muchos dudan en dar información sobre las zonas donde operan e incluso funcionarios públicos consideran que es un riesgo entrar en ellas. El único que se le midió fue Alberto Becerra, presidente de la Asociación de Mineros de Ayapel (Asomia), una organización que busca reunir a todos los mineros ilegales de la zona para que el gobierno los formalice y a la que ya pertenecen más de 150 personas. “A todos nos miden con el mismo rasero. El Gobierno cree que tratando a todos los mineros de criminales va a solucionar el problema. Para acabarnos dice que todos somos miembros de las bacrim”. Y esa es la razón por la que Becerra accedió a mostrar varias de las minas que operan en Quebradona; eso sí, fue claro al advertir que solo se podían tomar fotografías en los terrenos de los asociados y personas que él conocía, “uno no sabe quién puede ser el vecino”.

 

En moto se llega más rápido. Es necesario salir del casco urbano y luego de media hora de recorrido, y a 60 kilómetros por hora, en vía destapada, se llega a una de las minas en la zona conocida como San Pablito.

 

Los mineros muestran indignados la retroexcavadora que la Policía les quemó hace menos de dos meses. “No les importó nada. Ni siquiera que les mostráramos el documento que firmamos en Bogotá el 2 de septiembre de 2013 cuando terminamos el paro minero”, dice ‘Luis’, uno de los jefes mineros que lleva más de 40 años dedicado a esta actividad, mientras señala las firmas de los entonces ministros de Minas y Energía, Federico Rengifo; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, y Defensa, Juan Carlos Pinzón.

 

El documento fijaba los criterios para destruir maquinaria, orden que se precisó en el decreto 2235 de 2012. Antes de proceder a destruir se debía seguir un protocolo, pero al parecer no se llevó a cabo. “Es una orden nacional. Luego nos pueden demandar si quieren”, fue la respuesta que aparentemente les dio la Policía a los mineros cuando trataban de impedir la quema de su retroexcavadora.

 

 

 

Según la Personería de Ayapel, más de 10 personas han perdido la vida este año mientras  extraían oro en las minas.

Uno de los cientos de obstáculos que enfrentan los pequeños mineros para salir de la ilegalidad es que la reglamentación está diseñada para que no lo logren. Está el dilema ambiental, cómo van a explotar si no saben la manera correcta de hacerlo, pero también es cierto que tendrían que renunciar durante varios años mientras obtienen el título y la licencia ambiental. El otro dilema que surge es que si acceden, no tienen de qué vivir durante ese tiempo. “Aunque les digan que se formalicen, la verdad es que no hay una política clara del Estado frente al asunto, y mucho menos un acompañamiento para formalizarlos. Los estudios ambientales para una gran mina podrían tomar más de tres años y costar más de 600 millones de pesos. Para una mina pequeña o mediana podrían costar 40 millones y la verdad es que no tienen para pagarlos”, dice Rodrigo Negrete, abogado e investigador del Grupo Garay de la Contraloría, que se dedica a investigar cómo funciona la actividad minero-energética en Colombia.

 

Al abandonar San Pablito, se necesitan 40 minutos más en moto para llegar a Quebradona, donde se ubican las minas más grandes, en las que trabajan cerca de 850 mineros, de los cuales solo 150 se encuentran inscritos en Asomia, la asociación que preside Alberto Becerra.

 

“A los mineros yo les ofrezco la inscripción una vez, pero si no aceptan no insisto más”, dice Becerra. Y eso tiene lógica, ya que así como muchos mineros pequeños y medianos no son criminales, muchos otros sí lo son o por lo menos tienen los supuestos nexos de los que el Gobierno tanto habla.

 

Tener visibilidad en una organización donde saben sus nombres y cédulas no es una opción. Los mineros lo reconocen, saben que sí existen criminales y que las Bacrim dominan la zona, por eso mientras menos sepan de ellos, mejor.

2.000 millones de pesos pueden recolectar mensualmente las bacrim con extorsiones.

MANDAN LAS BACRIM

“Alguna vez un funcionario del Gobierno al acercarse me dijo: ‘Ustedes por qué se dejan extorsionar, por qué pagan vacunas’. Por la misma razón que sus escoltas no se le despegan ni para ir al baño. Por seguridad”, reflexiona Alberto Becerra.

 

En las minas de Ayapel hay tres opciones. La primera es pagar a las bandas criminales y seguir trabajando; la segunda es no hacerlo, ser despojado de la maquinaria y expulsado de la mina y la última es no pagar y terminar muerto. Así lo confirman algunas de las 40 personas que trabajan en una de las minas más grandes de Quebradona, de las pocas que tiene a sus empleados afiliados a seguridad social en uno de sus intentos porque el Gobierno les quite el título de ilegales y criminales.

 

‘José’, administrador de la mina, dice que mensualmente viene un representante de las bacrim y según la cantidad de oro extraído por semana, les cobra una cuota que nunca baja de un millón de pesos. Lo peor es que en el mismo mes puede venir un representante de Los Rastrojos, uno de Las Águilas Negras y otro de Los Urabeños y a todos hay que pagarles. El miedo puede más que la sensatez.

 

Los cálculos de Luis, uno de los jefes mineros más antiguos de la zona, son aún más precisos. “Por cada retroexcavadora nos cobran entre uno y cinco millones de pesos mensuales. En Ayapel hay cerca de 1.200 retroexcavadoras trabajando, eso quiere decir que poniendo la vacuna más bajita las Bacrim recogen cerca de 1.200 millones de pesos al mes”. Si a eso se le suma un millón de pesos que en promedio se le cobra a los cerca de 850 asentamientos explotadores, mensualmente cada banda criminal podría superar los 2.000 millones de pesos en extorsiones. No obstante, no hay manera de verificar esa cifra.

 

Minas como la de José tratan de trabajar con conciencia. Según dice, usan menos mercurio, lo reciclan y en su lugar están comenzando a utilizar una tela conocida como ‘malla brasilera’ para atrapar el oro. Una vez acaba la vida útil de la mina tratan de reforestar y disminuir el impacto. Sin embargo, esta labor es como una lágrima en el océano pues son más los mineros a los que no les importa cuidar el ambiente y el Estado está lejos de capacitarlos y formalizarlos.

 

 

5 libras de oro pueden producir semanalmente las minas más grandes.

Cuando comienza el viaje de vuelta al pueblo ‘Jimmy’, el mototaxista que acompañó la travesía, se anima a hablar. No lo había hecho porque la ley de supervivencia en Ayapel se fundamenta en no conversar con nadie acerca de la minería y las Bacrim, pues “cualquiera puede ser un inflitrado”, dice. No en vano a mediados de octubre fue detenido Luis Felipe Portacio Guerra, asistente de la Fiscalía local, por presuntamente suministrarle información sobre operativos e investigaciones al ‘Clan Úsuga’.

 

Los tentáculos de las bandas criminales llegan a puntos insospechados, nadie se les escapa y mentirles es casi imposible. ‘Jimmy’ dice que no es un secreto que quienes cobran las extorsiones se encargan de ir a las fundidoras y casas de compra venta de oro en Ayapel y Caucasia (Antioquia). A sus dueños les exigen los comprobantes de compra de cada una de las minas y papel en mano confirman si lo que les dijeron los mineros coincide con la factura. Si no es así, lo más probable es que paguen con sus vidas, como le pasó a Wilmer Muñoz, un minero baleado hace dos años en Caucasia cuando se negó a pagar una vacuna de tres millones de pesos.

 

La producción de oro no se ve reflejada en Ayapel ya que pocos lo declaran en el municipio: la mayoría de los mineros lo hacen en Caucasia, Antioquia, donde el precio es más elevado. Es decir, el daño ambiental y social se causa allí, pero las regalías benefician a otros.

 

Con la ola invernal de 2010 aumentó la producción de oro en Caucasia y Ayapel. Según datos del Sistema de Información Minero Colombiano del Ministerio de Minas y Energía, mientras que en el municipio cordobés la producción se duplicó, al pasar de 180.730 gramos en 2010 a 412.457 gramos en 2013, la del municipio antioqueño fue casi ocho veces mayor al pasar de 763.174 gramos en 2010 a 5’657.161 gramos en 2013. Esa es una de las preocupaciones de Jairo Llanos, secretario de Planeación de Ayapel, quien considera que el daño ambiental y estético que sufre su municipio es aterrador, y que económicamente tampoco se benefician de la explotación minera. “Como si fuera poco, con la inundación que tuvimos mucha gente dejó de pagar impuestos y nos toca trabajar con las uñas”.

Con las olas invernales de 2010 y 2011, la explotación ilegal de oro se incrementó en el sur de Córdoba. El daño ambiental

es evidente.

Desplazamiento forzado

Una de las situaciones más absurdas con los títulos mineros es que se pueden otorgar sobre propiedad privada. Según Rodrigo Negrete, del grupo Garay de la Contraloría, nadie le comunica al dueño de un terreno que tiene minerales en su suelo o subsuelo y si hay alguien con un título simplemente llega y empieza a trabajar porque la minería es de utilidad pública e interés social. Si la persona se niega se puede aplicar la expropiación.

 

De esta manera, cientos de personas han tenido que abandonar sus terrenos y el Estado no defiende la propiedad privada. Sumado a esto, en una zona de conflicto y crimen organizado el desplazamiento se da incluso sin un título minero. Como no se sabe quién es criminal, nadie se opone cuando de un momento a otro llegan las retroexcavadoras.

 

Llanos asegura que Ayapel intenta fortalecer el turismo para que sus habitantes abandonen la minería, pero lograrlo es difícil. El municipio necesita una red de alcantarillado y un sistema para extraer agua del subsuelo, ya que tomarla de la ciénaga como lo hacen ahora puede ser un riesgo para la salud. Mientras eso no se logre y haya certeza de que el municipio no volverá a inundarse, fortalecer el turismo será casi imposible.

 

Es más rentable buscar oro y venderlo que dedicarse al ganado, la pesca, la agricultura o el turismo, actividades que requieren más tiempo e inversión. Mientras el precio de este mineral no baje lo suficiente como para dejar de ser atractivo, la gente seguirá pensando en minería. Además, al Estado solo le interesa fortalecer la minería a gran escala, la que tiene un músculo financiero capaz de mover astronómicas sumas de dinero. No en vano desde 1970 ha habido menos de 10 proyectos para legalizar a mineros pequeños y medianos y todos han sido un fracaso.

 

Según la Personería de Ayapel, más de 10 personas han perdido la vida este año mientras  extraían oro en las minas.

Diseño y montaje web:  César Alberto Moreno V. (Editor Web de Semana Sostenible) [01 - 12 - 2014]