Por Alejandro Bravo y Juan Francisco Molina, Periodistas SEMANA

Los trabajadores de la Asociación de Mineros del Alacrán han rasgado la tierra en busca de oro durante más de 40 años. Nadie conoce la zona como ellos. Sin embargo, nunca han tenido en sus manos un título de propiedad ni mucho menos una licencia de explotación. Ellos culpan a las au-toridades competentes, porque nunca los escucharon e ignoraron todas sus solicitudes para le-galizarse desde 1997. Esa es la raíz de todos sus males.

 

Lo que los terminó de indignar es que sorpresivamente Javier Aníbal Rojas Parra, un desconocido proveniente del Meta, recibió en junio de 2009 la concesión III-08021 para buscar y explotar oro en la Mina El Alacrán. Luego, en abril de 2010, cedió los derechos de la concesión correspondien-tes a la mina a favor de la Sociedad Ordinaria de Minas Omni-Omnisom. Desde entonces, los problemas de la multinacional con los mineros locales han sido el ‘pan de cada día’.

 

La situación se complicó más cuando Omnisom decidió presentar un amparo administrativo con-tra los mineros tradicionales. Se trata de una querella estipulada en la ley 685 del Código de Mi-nas según la cual el titular denuncia actividades ilegales. En uno de los amparos administrativos la empresa pedía desalojar a los mineros, decomisar sus herramientas de trabajo y entregar el ma-terial explotado. Además, Omnisom denunciaba el riesgo al que estaban sometidos los poblado-res por las actividades ilegales de los mineros locales, que no solo carecían de orientación técnica y sino también de título para trabajar.

 

Hoy, en Puerto Libertador reina la incertidumbre. Los mineros denuncian que las 764 personas que habitan el caserío del municipio en el que se encuentra la mina están en riesgo de ser des-plazadas mientras se resuelve su disputa por el título de la Mina El Alacrán.

 

Aunque la solicitud de desalojo sigue vigente, por lo pronto no se ha podido hacer efectiva. Se-gún dijo a Semana Sostenible el representante de los mineros locales, Farley Eliecer Velásquez, “mientras la Agencia Nacional de Minería no resuelva nuestra solicitud de legalización no nos pueden sacar y, por cómo van las cosas, no resolverán a nuestro favor”.

 

Por lo pronto, el abogado de la Asociación de Mineros del Alacrán, Adadier Perdomo, adelanta un proceso para pedir la nulidad del contrato de Omnisom, alegando que este se constituyó so-bre un asentamiento indígena sin consulta previa. Mientras la multinacional minera se ampara en que al fin y al cabo es el propietario legal de los títulos, los mineros locales han buscado ayuda en diferentes instituciones del Estado como la Agencia Nacional de Minería, la Procuraduría y la Fis-calía. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no han sido escuchados y aseguran que nadie les ha ofrecido soluciones; además, las instituciones del Estado se ‘tiran la pelota’ entre sí.

 

El Estado ha manejado tres categorías de minería: legal, informal y criminal. De la primera se en-carga la Agencia Nacional de Minería (ANM). En el caso de la segunda, el Ministerio de Minas y Energía ofrece asesorías a través de la Oficina de Dirección de Formalización Minera. De la última, además de las autoridades mineras, toman cartas en el asunto el Ministerio de Defensa y el Mi-nisterio del Interior.

 

Los mineros del Alacrán intentan legalizarse con la ANM y aún esperan respuesta. Semana Sos-tenible se comunicó con esta institución pero el responsable de este tipo de asuntos no respon-dió.

 

Este caso recuerda lo ocurrido en el municipio de Marmato, Caldas. Esta mina de oro hace varias décadas se dividió de tal forma que la parte alta era para los pequeños mineros y la baja para las grandes empresas. Sin embargo, esa frontera invisible se perdió y la empresa Gran Colombian Gold puso en marcha un proyecto de mina a cielo abierto en toda la montaña. Al igual que los del Alacrán, estos habitantes se enfrentan a la posibilidad de ser desplazados mientras el Estado observa la situación sin solucionar sus problemas.

 

A medida que pasa el tiempo aumenta el calvario para los mineros locales del Alacrán, porque cada vez tienen menos oportunidades para especializarse y legalizarse, ya que el Estado prioriza a las grandes compañías por encima de la minería tradicional. El proceso sigue en standby, al igual que la suerte de los mineros. Están angustiados, ya que en caso de ser desplazados, no sabrían a dónde llegar ni qué hacer, pues toda la vida se han dedicado a la minería.

Diseño y montaje web:  César Alberto Moreno V. (Editor Web de Semana Sostenible) [01 - 12 - 2014]