El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Defensa concuerdan en la necesidad de com-batir la llamada minería ilegal, pero ese término tiene un significado diferente para cada una de ellos. Para el primero, un minero es ilegal cuando adelanta actividades extractivas sin título mine-ro ni licencia ambiental, mientras que para el segundo la minería ilegal es aquella que adelantan criminales para financiar sus actividades delictivas.

 

Esa diferencia conceptual tiene implicaciones que van desde las políticas para superar la ilegalidad –programas de legalización/formalización en el primer caso y destrucción de maquinaria y cárcel para los infractores en el segundo–, hasta la baja eficacia de la gestión estatal para erradicar este flagelo, debido al desconocimiento de los fenómenos de mutación, simbiosis y convivencia que transformaron el mapa minero en los últimos años.

 

Las acciones diseñadas por las dos carteras para enfrentar la ilegalidad se fundamentan en generalizaciones que no solo no corrigen o contienen este fenómeno, sino que multiplican los conflictos socio-ambientales en los territorios.

 

 

Informalidad e ilegalidad

Una de las conclusiones más relevantes del Censo Minero de 2010 fue la enorme informalidad e ilegalidad con que se adelanta esta actividad en Colombia. 63 por ciento de las unidades de producción minera (UPM) no tiene título minero; 80,8 por ciento no paga regalías y 75,5 por ciento no tiene ningún tipo de autorización ambiental. Indagaciones históricas revelan que esta situación no ha sido muy diferente desde 1829, cuando Simón Bolívar suscribió un Decreto Supremo atribuyendo la propiedad de los recursos naturales no renovables a la República.

 

La arraigada creencia de que los minerales son de quien los encuentre y explote; así como la ausencia de la autoridad minera en la mayor parte del territorio determinan el actual estado de  las cosas. La pregunta es por qué, si la característica predominante de la minería es su informalidad e ilegalidad, la política minera se enfoca al desarrollo de grandes explotaciones mineras y no en atender esas condiciones por fuera del control oficial en buena parte del territorio nacional.

 

Solamente hasta los años sesenta, el Estado empezó a preocuparse por la situación y desde esa fecha ha puesto en marcha seis programas de legalización minera, los cuales no han mostrado resultados significativos.

 

Desde la perspectiva jurídica, puede decirse que legal es aquel que cuenta con el título minero y la licencia ambiental; tradicional o informal, el que trabajando por sucesión generacional no cuen-ta con los requisitos legales; barequero, el que se dedica a la extracción de minerales por medios manuales; ilegal, el que utiliza maquinaria y causa enormes daños ambientales para extraer re-cursos sin el lleno de los requisitos legales, y como una modalidad de la ilegalidad, la minería criminal que adelantan organizaciones armadas al margen de la Ley.

 

El boom de precios de los minerales en el mercado internacional desde 2003, reconfiguró el ma-pa minero del país y dio origen a una enorme caja negra de actores grises u opacos, que por lo general no sufren los rigores de la voladura de maquinaria y la detención de operarios y trabajadores mineros.

 

Jurídicamente, legal es aquel que cuenta con el título minero y la licencia ambiental.

Nuevamente la tragedia enluta a Colombia. La muerte de 12 mineros en una mina de carbón en Amagá muestra la inseguridad en que se adelanta la minería ilegal. A continuación, una reflexión sobre la complejidad conceptual y de gestión estatal que presenta esta actividad para el país.

La complejidad de la caja negra

Los más visibles de la caja negra son los mineros ilegales y son, de hecho, el blanco de la lucha contra ese flagelo. Pero en lo más oscuro de la caja permanecen las organizaciones armadas ilegales (FARC/Bacrim – minería criminal); inversionistas foráneos que aportan recursos para la adquisición de maquinaria, en alianza con nativos que ejercen la minería ilegal; ciudadanos y empresarios que adquieren insumos en el mercado negro para reducir costos y evadir el pago de IVA; un ejército de águilas negras y verdes dedicadas a la extorsión de mineros informales/ilegales; funcionarios públicos que reciben cuotas por autorizar el ingreso de maquinaria a los municipios con el pretexto de su uso en el sector de obras públicas, que tienen intereses en este tipo de minería, o que son amedrentados por la criminalidad.

 

También hay lavadores de dólares que legalizan sus recursos al comprar oro y legalizarlo en las compra-ventas, propietarios de predios que arriendan a mineros sin importar la depredación ambiental del terreno; comunidades afrodescendientes que, a cambio de una participación en el producido, abrieron sus puertas a la minería ilegal y con esta, a la criminal; grupos bien establecidos dedicados al mercado negro de combustibles, mercurio e insumos para la ilegalidad; mineros ilegales con empresas formalmente constituidas, entre otros. ¿Y dónde está el Estado?

 

Desde luego que se debe atacar a la minería criminal con toda la fuerza del Estado, pero pretender que persiguiendo a los informales o destruyendo la maquinaria de los ilegales se va a solucionar el problema, desconociendo su complejidad, es seguir disparando al aire.

 

En busca de soluciones, lo primero es reconocer que este es un problema del Estado en su conjunto y no solo de los Ministerios de Minas, Ambiente y Defensa; que las autoridades territoriales deben ser  empoderadas para luchar contra la criminalidad y defender sus territorios, que a los mineros no se les puede legalizar desconociendo el ordenamiento ambiental del país, que se requieren incentivos que marquen la diferencia entre legalizarse y mantener la condiciones de ilegalidad y programas para la reconversión laboral de aquellos que buscando opciones de subsistencia cayeron en la trampa de la minería ilegal.

 

Las mesas mineras, creadas para contener los paros de mineros, por razones electorales, dejaron de funcionar, el programa de formalización cayó en el populismo y los mineros informales siguen a la espera de que el Gobierno los apoye en la transición a la formalidad. Mayor presencia y gestión estatal es la clave para empezar a buscar salidas.

 

 

*Director de Colombia Punto Medio

 

 

 

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